{"id":1077,"date":"2026-01-23T10:59:14","date_gmt":"2026-01-23T09:59:14","guid":{"rendered":"https:\/\/ejsalas.privatedns.org\/blog\/?p=1077"},"modified":"2026-01-23T11:00:27","modified_gmt":"2026-01-23T10:00:27","slug":"lawfare-ataques-a-traves-de-los-tribunales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ejsalas.privatedns.org\/blog\/index.php\/2026\/01\/23\/lawfare-ataques-a-traves-de-los-tribunales\/","title":{"rendered":"\u00abLawfare\u00bb – ataques a trav\u00e9s de los tribunales"},"content":{"rendered":"\n

Alg\u00fan estratega maquiav\u00e9lico propuso que era m\u00e1s pr\u00e1ctico y menos costoso utilizar los tribunales de justicia de un pa\u00eds para perseguir y encarcelar a los dirigentes pol\u00edticos de izquierdas que, seg\u00fan sus principios, ostentaban il\u00edcitamente el poder.<\/p>JOS\u00c9 ANTONIO MART\u00cdN PALL\u00cdN – rEVISTA P\u00daBLICO, DICIEMBRE 2025, \u00abLAWFARE. LOS JUECES TOMAN PARTIDO\u00bb, P\u00c1G. 12<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

As\u00ed es: \u00bfpor qu\u00e9 utilizar la violencia, la tortura, el derrocamiento de gobiernos a trav\u00e9s de golpes de estado, si se puede actuar contra ellos mediante el uso (y connivencia) de los tribunales de su propio pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

El experimento comenz\u00f3 con Lula da Silva<\/strong> y Dilma Rousseff<\/strong>, derrocados por v\u00eda judicial. En vista del \u00e9xito, continuaron con el mismo m\u00e9todo en el que fueron cayendo sucesivamente Evo Morales<\/strong>, Rafael Correa<\/strong> o Fernando Lugo<\/strong>. Y vendr\u00e1n otros. [Por ejemplo, el caso del primer ministro portugu\u00e9s Ant\u00f3nio Costa que dimiti\u00f3 por una acusaci\u00f3n de la que despu\u00e9s fue absuelto].
[…]
En nuestro pa\u00eds hemos seguido la senda, pero con una intensidad y desprecio por el Estado de derecho que es dif\u00edcil encontrar en el entorno de la Uni\u00f3n Europea. Sin duda, uno de los ejemplos m\u00e1s clamorosos, por lo que supone de atentado a la democracia y al principio de la divisi\u00f3n de poderes, lo podemos encontrar en el caso Atutxa<\/strong>. Nos tenemos que remontar a 2003. El Tribunal Supremo hab\u00eda ilegalizado el partido pol\u00edtico Herri Batasuna, y sus miembros se hab\u00edan pasado a otros grupos parlamentarios. En el a\u00f1o 2001, el Tribunal Constitucional hab\u00eda decidido, no sin controversia, que esos esca\u00f1os pertenec\u00edan a los diputados, y no al partido. El Parlamento Vasco actu\u00f3 en consecuencia y los mantuvo en sus puestos. El presidente y la Mesa fueron acusados de desobediencia, pero absueltos por el TSJ del Pa\u00eds Vasco. Manos Limpias recurri\u00f3, y con tan potente apoyo jur\u00eddico, Manuel Marchena se salt\u00f3 la ley y termin\u00f3 conden\u00e1ndoles. A\u00f1os m\u00e1s tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo anul\u00f3 la sentencia por defectos de forma.
Se hab\u00eda alumbrado una estrella judicial. Su aportaci\u00f3n le vali\u00f3 llegar a la Presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Quedaba abierta la v\u00eda contra los independentistas vascos. Los procesos contra Otegui, Miguel Castells o Bateragune fueron perseguidos por los tribunales espa\u00f1oles y anulados por el TEDH.
[…]
La persecuci\u00f3n judicial contra partidos pol\u00edticos emergentes como Podemos<\/strong>, que se situaron en el \u00e1mbito parlamentario con unos resultados inesperados, es una muestra llamativa de la intensidad de la guerra judicial en nuestro pa\u00eds. Es cierto que la iniciativa part\u00eda de asociaciones estrafalarias como Manos Limpias, Hazte O\u00edr, Abogados Cristianos y otros espec\u00edmenes semejantes, pero llama la atenci\u00f3n las tragaderas de los juzgados que las admitieron a tr\u00e1mite sin el m\u00e1s m\u00ednimo fundamento. No han existido condenas, salvo la del parlamentario Alberto Rodr\u00edguez<\/strong>, que constituye uno de los m\u00e1s graves atentados a la soberan\u00eda popular perpetrada de la mano de Marchena. Pero el objetivo era el desgaste, y lo han conseguido.
Sin duda alguna, la resoluci\u00f3n judicial que alcanza las cotas m\u00e1ximas de lawfare la encontramos en el proceso y condena a los pol\u00edticos catalanes independentistas. La pretensi\u00f3n de Catalunya para convertirse en una Rep\u00fablica independiente viene de lejos. Despu\u00e9s del refer\u00e9ndum no vinculante de 2014, en el a\u00f1o 2017 se pone en marcha la llamada hoja de ruta hacia la independencia. Se basa inicialmente en una ley de refer\u00e9ndum y una ley de transitoriedad jur\u00eddica y fundacional de la Rep\u00fablica, aprobadas por el Parlament y publicadas en el Bolet\u00edn Oficial de la Generalitat. El desarrollo de todo esto, como es l\u00f3gico, se iba a financiar con fondos p\u00fablicos. Una ley de refer\u00e9ndum deb\u00eda desembocar, inexorablemente, en una votaci\u00f3n que se fij\u00f3 para el d\u00eda 1 de octubre de 2017. Las urnas se abrieron y los que se acercaron a depositar su voto fueron duramente reprimidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que provoc\u00f3 un rechazo generalizado de la opini\u00f3n p\u00fablica internacional. Todo desemboca, el 27 de octubre de 2017, en una declaraci\u00f3n de independencia condicionada a unas negociaciones con el Gobierno central. Por todo ello, se activ\u00f3 el art\u00edculo 155 de la Constituci\u00f3n, que contempla medidas para restituir el inter\u00e9s general y la estabilidad constitucional. Se disolvieron las instituciones de la Generalitat y se convocaron elecciones. En este punto debi\u00f3 terminar el conflicto.
Sin embargo, un sector de la judicatura encabezada por Manuel Marchena, y de acuerdo con el Gobierno, hab\u00eda dise\u00f1ado un plan para criminalizar, encarcelar preventivamente y condenar duramente a los dirigentes pol\u00edticos catalanes. La declaraci\u00f3n de independencia se vot\u00f3 el 27 de octubre de 2017, y el d\u00eda 30 la Fiscal\u00eda General del Estado present\u00f3 una querella por los delitos de rebeli\u00f3n, malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos y desobediencia. El texto tiene 102 folios, extensi\u00f3n imposible de confeccionar en tres d\u00edas, dada su complejidad jur\u00eddica. Ning\u00fan jurista con un m\u00ednimo de respeto por la legalidad puede sostener tama\u00f1o desatino. La prueba m\u00e1s contundente de que se trataba de un caso de libro de lawfare se manifest\u00f3 cuando la totalidad de los jueces de la Uni\u00f3n Europea rechazaron las descabelladas calificaciones realizadas por el Tribunal Supremo espa\u00f1ol. El Comit\u00e9 de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detenci\u00f3n Arbitraria (un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas), la Asamblea legislativa del Consejo de Europa y otras instituciones jur\u00eddicas denunciaron la utilizaci\u00f3n esp\u00farea del derecho penal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa todav\u00eda no ha pronunciado su decisi\u00f3n definitiva.<\/p>\u00cdBID. P\u00c1G. 12-13<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Del mismo modo que se utilizan los tribunales para atacar a rivales pol\u00edticos, las grandes corporaciones (dotadas de un ingente arsenal de recursos econ\u00f3micos que les permiten mantener acusaciones y litigios interminables con el apoyo de los mejores bufetes de abogados) atacan a ONG (es el caso de Greenpeace en EE.UU.) o a particulares incapaces de asumir los gastos ingentes que supone entrar en juicios contra dichas empresas u organizaciones dispuestas a imponer sus privilegios o beneficios econ\u00f3micos contra todo aquel que se los pueda cuestionar: \u00abNos veremos en los tribunales\u00bb es la amenaza. Y lamentablemente funciona. Que se lo digan a la BBC o a las cadenas de televisi\u00f3n que se han enfrentado a Donald Trump y a las que ha amenazado exigi\u00e9ndoles -mediante denuncia- cantidades absolutamente extratosf\u00e9ricas. Antes de enfrentarse a juicios interminables -con el consiguiente desgaste reputacional- han pedido perd\u00f3n y han decidido pagar una cantidad menor a cambio de que se retiraran las denuncias contra ellos. <\/p>\n\n\n\n

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