«Lawfare»
Se denomina «lawfare» (acrónimo de «law» y «warfare»: «guerra jurídica o legal») al uso que se hace de los tribunales como arma política. Entre los principales mecanismos utilizados destacan: el exceso de acusaciones, las causas generales, las acusaciones frívolas y la repetición de acusaciones.
El objetivo de esta estrategia es obligar al acusado a ocupar una gran parte de su tiempo y esfuerzo en defenderse de dichas acusaciones que le obligan a testificar y a pasar por los juzgados, obteniendo lo que se busca: la pérdida de reputación.
Evidentemente para este tipo de estrategias es necesaria la participación de los tribunales que deben admitir a trámite tales acusaciones y pleitos. La intencionalidad política o el miedo de los jueces a ser acusados de favorecer a parte puede empujar a los tribunales a admitir causas que luego, meses o años después, se demuestran sin fundamento; cuando el daño ya está hecho o cuando la opinión pública sólo recuerda que el acusado pasó por los tribunales. El objetivo se ha cumplido: conseguir su descrédito, pues aunque todo haya sido sobreseído la impresión de muchos es que si terminó en los tribunales es que «algo haría»; aunque no se recuerde el qué.
Ejemplo de «lawfare» es el caso «Lava Jato» en su deriva contra el presidente brasileño Lula da Silva, dirigido por el juez Sergio Moro (convertido después en ministro de justicia por Bolsonaro, y defenestrado después) y con la connivencia del Tribunal Supremo de Brasil.
Eloísa Machado, profesora de Derecho Constitucional en la Fundación Getúlio Vargas, defiende que “el daño causado por los abusos de Moro y por la clemencia de la Corte Suprema durante esos años es enorme: además de la tragedia individual que supone un arresto ilegal, las recientes decisiones de la Corte Suprema Federal revelan que la Operación Lava Jato interfirió –de manera intencionada– en el resultado de las elecciones del año 2018”.
carol pires – Revista eldiario.es – las mentiras que amenazan la democracia
Y aquellas elecciones de 2018 parieron a un autócrata con un proyecto de destrucción, responsable de 652 mil muertos por Covid-19, una tasa récord de deforestación en la Amazonía en los últimos 15 años, y unas políticas públicas que autorizaron la tenencia masiva de armas, la minería en reservas ambientales y el uso sin restricciones de pesticidas en la agricultura, entre otros innumerables retrocesos.
Para que un caso de utilización espuria del sistema judicial se produzca es preciso que se produzcan diversas disfunciones:
- una acusación ad hoc, sin base, prospectiva o con el mero objetivo de causar efectos políticos y que puede venir de la Fiscalía, de las policías o, en España, de la acusación popular;
- un juez instructor dispuesto a aceptarla y no archivarla de plano y a jugar con los tiempos y las diligencias de forma que ese daño se produzca y se extienda;
- participación de los medios de comunicación en el apuntalamiento de la veracidad de las denuncias y la justicia de la investigación, incluyendo el silenciamiento de las trapacerías procesales, y
- incapacidad del sistema de recursos y revisión por tribunales para detectar estos casos así como la voluntad de terminarlos sin que puedan cumplir su función.
[…] el daño causado por su resolución tardía y por su difusión masiva es muy difícil de solventar. En mi opinión se producen pocas condenas finales y firmes derivadas de este uso espurio –sin negar que existan– pero demasiados procedimientos extendidos en el tiempo que finalmente son abortados por archivo o sentencia absolutoria, pero que causan los daños pretendidos por su extensión, intensidad y difusión.
Esta disfunción, si uno es objetivo, ha existido siempre y ahí tienen la institución del aforamiento, que fundamentalmente pretende evitar que cualquier juez espontáneo pueda iniciar procedimientos de este tipo, basándose en el prestigio y solvencia del Tribunal Supremo.
[Está claro que ciertos comportamientos de algunos jueces ha ayudado en este tipo de estrategias, pues] El uso elástico de las normas de competencia, el abuso del procedimiento secreto, la asunción acrítica de informes policiales, la poca exigencia del cumplimiento real de la legislación a la hora de admitir querellas incluso las presentadas por asociaciones de querulantes y hasta la práctica del derecho defensivo –el que actúa para no meterse en líos– por los jueces, lo hayan llevado a límites poco soportables.
[Y a ello se añade la actitud poco ética de medios de comunicación que han publicitado -a pleno pulmón- este tipo de estrategias para favorecer los fines de quienes llevan a cabo este uso miserable de los tribunales].
Convertirse en caja amplificadora de procedimientos poco claros por motivos políticos no responde a ninguna ética profesional ni en realidad beneficia al negocio. Informar de los procesos cuando interesa a la línea editorial o a los intereses particulares y silenciar los hitos que benefician a los procesados o que contrarían a nuestros lectores, es una práctica insana e imprudente. Jalear actitudes claramente anómalas de jueces, magistrados o fiscales porque incomodan al adversario no es sino colocarse en el lado más nefasto de la mala praxis.
[Afortunadamente no es tan fácil pervertir el sistema, pues sería necesaria la connivencia] de jueces instructores, tribunales de apelación de recursos, tribunales de enjuiciamiento, tribunales de apelación, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. No es tan fácil que tanta gente se ponga de acuerdo para cometer injusticias. Al menos que… al menos que con el apoyo social, mediático y político de todas las fuerzas, un tipo de represión sea ensalzada como adecuada y proporcional, a pesar de las evidentes disfunciones. Piensen a ver si encuentran un ejemplo de cuándo ha pasado eso y piensen en por qué algunos hablan de lawfare para denominar lo que antes en nuestro país se llamaba Razón de Estado.
elisa beni, ‘Lawfare’ hasta en la sopa – eldiario.es
La «trampa de Tucídides»
El término fue creado por el politólogo estadounidense Graham T. Allison a partir de una cita de Tucídides, según la cual, «fue el ascenso de Atenas y el temor que esto infundió en Esparta lo que hizo inevitable la guerra». El término se emplea para explicar cómo en los casos en los que una potencia se ve amenazada por otra emergente el resultado suele ser la declaración de una cruenta guerra entre ellos. Ejemplos de ello sería cuando Esparta se sintió amenazada por Atenas o Gran Bretaña por Alemania o, actualmente, EE.UU. por China.
Para analizar su tesis, Allison dirigió un estudio de 16 casos históricos y descubrió que 12 de ellos acabaron en guerra. El resultado no es nada tranquilizador, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo.
El efecto de Dunning-Kruger
El efecto de Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo por el cual, las personas más incompetentes, las que menos saben de algo, tienden a pensar que saben mucho más que los demás, incluso que los expertos. En cambio, las personas más competentes se subestiman respecto a los demás y presentan sus opiniones de manera menos asertiva.
Ley de Parkinson de la trivialidad
Ley de Parkinson de la trivialidad: las personas tenemos una tendencia natural a perder el tiempo en cuestiones sin trascendencia. Es el origen de la ineficacia y de las reuniones interminables en las que no se llega a resolver nada. Fue propuesta por Cyril Northcote Parkinson en 1957. Continúa plenamente vigente. Planteado a través de un ejemplo significa que: el tiempo dedicado a la discusión de una cuestión es inversamente proporcional a la complejidad e importancia del mismo.
Principio de Peter
Principio de Peter: «En una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia» (Laurence Johnston Peter, 1919-1990). En otras palabras, uno va ascendiendo en su nivel de responsabilidad según sus capacidades y se queda anclado en aquel nivel para el cual es incompetente.
Ametralladora de falacias o «Gish Galloper»
Es una técnica retórica que se ha conocido a partir de su empleo por Alberto Núñez Feijoo en su debate con Pedro Sánchez en Atresmedia. Según se conoció, al día siguiente, fue el equipo de Ayuso el que entrenó al candidato popular en esta estrategia que desarboló al Presidente del gobierno, convirtiéndolo en virtual perdedor del debate.
Básicamente la técnica consiste en abrumar al oponente aportando un número excesivo de argumentos sin tener en cuenta la exactitud o solidez de los mismos. Se conoce como la técnica del «Galope de Gish» por ser utilizada por Duane Gish, un polemista creacionista conocido por utilizar esta estrategia.
Los procedimientos para defenderse de esta manipulación retórica son:
- Denuncia el uso de esta estrategia por parte de tu oponente explicando en qué consiste y los problemas que supone refutarla.
- Lo mejor es destacar alguno de sus argumentos, especialmente los más débiles, y demostrar que son representativos de su postura general.
- No entres en el juego de tu oponente. La fuerza de esta técnica reside en que permite dirigir el curso del debate y crea una falsa apariencia de credibilidad y control en quien lo utiliza.
- La ley de Brandolini: consiste en reconocer la dificultad que supone refutar la información falsa o engañosa que está utilizando tu oponente.
- Filibusterismo: es reducir el flujo de argumentos del oponente extendiendo al máximo las intervenciones propias.
- Combatir la sarta de falsedades con hechos, datos y pruebas.
- Evitar el recurso a la intimidación que empleará el oponente al calificar los argumentos propios como obvios o triviales intentando, así, bloquear el discurso.
- Preparar contraargumentos: la idea es adelantarse al oponente antes de que pueda poner en juego esta estrategia. Si sabemos qué tesis va a defender, refutemos los argumentos más utilizados por nuestro oponente antes de que tenga la oportunidad de lanzar una «Gish Gallop».
- Pedir datos y pruebas concretas de lo que afirma tu oponente. Esto le obligará a argumentar y llevará el debate a nuestro campo.
- En general, la clave para contrarrestar el «Gish Gallop» es estar preparado, mantener la concentración y no dejarse influir por la avalancha de tonterías que se pueden oír.