Modificar los artículos 16 y 27 de la Constitución, para construir un Estado verdaderamente laico y una enseñanza laica.
Las confesiones religiosas se deben regir por el derecho común, como cualquier otra asociación privada, suprimiendo la excepción legal actualmente existente.
Denunciar y derogar los Acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede, así como los existentes de 1992 con las confesiones minoritarias.
Suprimir la financiación a la Iglesia Católica que recibe a través de la Asignación Tributaria del IRPF. Las confesiones religiosas deben autofinanciarse.
Fiscalizar la financiación pública a las confesiones religiosas realizada por cualquiera de las administraciones del Estado, y su control parlamentario.
Suprimir los privilegios fiscales de la Iglesia católica; caso particular con la exención del IBI y aquellas incompatibles con el derecho europeo.
Promulgar una Ley Orgánica de Libertad de Conciencia, derogando la actual Ley de Libertad Religiosa de 1980, que garantice la libertad de pensamiento y convicciones de todo tipo. (Europa Laica dispone de una propuesta articulada para esta Ley).
Promulgar un Reglamento de Laicidad que regule y haga efectiva la aconfesionalidad y neutralidad del Estado en relación con los actos y simbología institucional, la participación de cargos públicos en actos religiosos, la no donación de suelo público para entidades religiosas así como cualquier aspecto relacionado con esta materia.
La escuela y la universidad deben ser pública y laica, suprimiendo del ámbito educativo la religión confesional y cualquier tipo de adoctrinamiento, así como suprimir de forma progresiva la financiación pública de los centros con ideario propio.
Los servicios de Sanidad y Asistencia Social se ofrecerán de forma prioritaria por el Estado, revirtiendo aquellos de titularidad o gestión privada que estén mantenidos con recursos públicos.
Derogar del Código Penal los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos, así como cualquier otra legislación limitativa de la libertad de expresión.
Retrotraer los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, afectando al Patrimonio del Estado los bienes muebles o inmuebles de interés histórico, artístico o cultural, incluidos los de raíz religiosa.
Impulsar una Carta Europea por la Laicidad y la Libertad de Conciencia que garantice estos derechos en un ámbito supranacional europeo, en condiciones de libertad e igualdad, sin privilegios ni discriminación, de acuerdo con la DUDH. (Europa Laica dispone de una propuesta articulada para esta Carta).
