El experimento comenzó con Lula da Silva y Dilma Rousseff, derrocados por vía judicial. En vista del éxito, continuaron con el mismo método en el que fueron cayendo sucesivamente Evo Morales, Rafael Correa o Fernando Lugo. Y vendrán otros. [Por ejemplo, el caso del primer ministro portugués António Costa que dimitió por una acusación de la que después fue absuelto].
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En nuestro país hemos seguido la senda, pero con una intensidad y desprecio por el Estado de derecho que es difícil encontrar en el entorno de la Unión Europea. Sin duda, uno de los ejemplos más clamorosos, por lo que supone de atentado a la democracia y al principio de la división de poderes, lo podemos encontrar en el caso Atutxa. Nos tenemos que remontar a 2003. El Tribunal Supremo había ilegalizado el partido político Herri Batasuna, y sus miembros se habían pasado a otros grupos parlamentarios. En el año 2001, el Tribunal Constitucional había decidido, no sin controversia, que esos escaños pertenecían a los diputados, y no al partido. El Parlamento Vasco actuó en consecuencia y los mantuvo en sus puestos. El presidente y la Mesa fueron acusados de desobediencia, pero absueltos por el TSJ del País Vasco. Manos Limpias recurrió, y con tan potente apoyo jurídico, Manuel Marchena se saltó la ley y terminó condenándoles. Años más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo anuló la sentencia por defectos de forma.
Se había alumbrado una estrella judicial. Su aportación le valió llegar a la Presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Quedaba abierta la vía contra los independentistas vascos. Los procesos contra Otegui, Miguel Castells o Bateragune fueron perseguidos por los tribunales españoles y anulados por el TEDH.
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La persecución judicial contra partidos políticos emergentes como Podemos, que se situaron en el ámbito parlamentario con unos resultados inesperados, es una muestra llamativa de la intensidad de la guerra judicial en nuestro país. Es cierto que la iniciativa partía de asociaciones estrafalarias como Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos y otros especímenes semejantes, pero llama la atención las tragaderas de los juzgados que las admitieron a trámite sin el más mínimo fundamento. No han existido condenas, salvo la del parlamentario Alberto Rodríguez, que constituye uno de los más graves atentados a la soberanía popular perpetrada de la mano de Marchena. Pero el objetivo era el desgaste, y lo han conseguido.
Sin duda alguna, la resolución judicial que alcanza las cotas máximas de lawfare la encontramos en el proceso y condena a los políticos catalanes independentistas. La pretensión de Catalunya para convertirse en una República independiente viene de lejos. Después del referéndum no vinculante de 2014, en el año 2017 se pone en marcha la llamada hoja de ruta hacia la independencia. Se basa inicialmente en una ley de referéndum y una ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, aprobadas por el Parlament y publicadas en el Boletín Oficial de la Generalitat. El desarrollo de todo esto, como es lógico, se iba a financiar con fondos públicos. Una ley de referéndum debía desembocar, inexorablemente, en una votación que se fijó para el día 1 de octubre de 2017. Las urnas se abrieron y los que se acercaron a depositar su voto fueron duramente reprimidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que provocó un rechazo generalizado de la opinión pública internacional. Todo desemboca, el 27 de octubre de 2017, en una declaración de independencia condicionada a unas negociaciones con el Gobierno central. Por todo ello, se activó el artículo 155 de la Constitución, que contempla medidas para restituir el interés general y la estabilidad constitucional. Se disolvieron las instituciones de la Generalitat y se convocaron elecciones. En este punto debió terminar el conflicto.
Sin embargo, un sector de la judicatura encabezada por Manuel Marchena, y de acuerdo con el Gobierno, había diseñado un plan para criminalizar, encarcelar preventivamente y condenar duramente a los dirigentes políticos catalanes. La declaración de independencia se votó el 27 de octubre de 2017, y el día 30 la Fiscalía General del Estado presentó una querella por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. El texto tiene 102 folios, extensión imposible de confeccionar en tres días, dada su complejidad jurídica. Ningún jurista con un mínimo de respeto por la legalidad puede sostener tamaño desatino. La prueba más contundente de que se trataba de un caso de libro de lawfare se manifestó cuando la totalidad de los jueces de la Unión Europea rechazaron las descabelladas calificaciones realizadas por el Tribunal Supremo español. El Comité de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas), la Asamblea legislativa del Consejo de Europa y otras instituciones jurídicas denunciaron la utilización espúrea del derecho penal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa todavía no ha pronunciado su decisión definitiva.
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